GERALDINE ESTHER QUISPE VILLARREAL

ESTUDIANTE DEL VII CICLO SECCION "C" DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA; y

Expositora en el "I CONGRESO UNIVERSITARIO DE ACTUALIZACIÓN INTEGRAL EN DERECHO", que se realizará los días 18, 20, 21 y 22 de mayo del 2026 en la UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA. 

DIAPOSITIVAS.

DISCURSO.

En una sociedad democrática, el poder no debería ejercerse en secreto. Cuando los ciudadanos desconocen cómo actúan sus autoridades, cómo se administran los recursos públicos o cómo se toman las decisiones del Estado, la desconfianza comienza a crecer. Y cuando la desconfianza crece, también lo hace la corrupción, el abuso y la indiferencia ciudadana. 

En el Perú, donde constantemente escuchamos noticias relacionadas con corrupción, uso indebido de fondos públicos y falta de transparencia en diversas instituciones, la existencia de normas que obliguen al Estado a rendir cuentas se vuelve indispensable. En ese contexto surge la Ley N.º 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, una norma que representa uno de los pilares más importantes para la defensa de la democracia y el fortalecimiento de la ciudadanía.

La finalidad principal de esta ley es promover la transparencia de los actos del Estado y garantizar el derecho de toda persona a acceder a la información pública. Este objetivo se encuentra establecido desde el artículo 1 de la ley, donde se reconoce que el acceso a la información constituye un derecho fundamental protegido por la Constitución Política del Perú. Esto significa que no se trata de una concesión voluntaria del Estado, sino de un derecho que pertenece a todos los ciudadanos sin excepción.

Uno de los aspectos más importantes de esta ley es que establece el llamado "principio de publicidad". El artículo 3 señala que toda información que posea el Estado se presume pública, salvo determinadas excepciones previstas expresamente por la ley. Esta idea es sumamente importante porque cambia completamente la lógica tradicional del poder. Antes, muchas entidades públicas actuaban como si la información les perteneciera exclusivamente a ellas. Sin embargo, esta ley deja claro que la información pública pertenece a la ciudadanía y que el Estado únicamente la administra.

Además, el mismo artículo obliga al Estado a adoptar medidas que garanticen la transparencia y señala que las entidades públicas tienen el deber de entregar la información que las personas soliciten. Esto refleja un cambio profundo en la relación entre el ciudadano y la administración pública. El ciudadano deja de ser un simple espectador y pasa a convertirse en un sujeto con derecho a fiscalizar y exigir respuestas.

Otro aspecto relevante se encuentra en el artículo 7, el cual establece que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad pública, sin necesidad de expresar las razones de su pedido. Esto es fundamental porque evita que las autoridades discriminen o cuestionen las intenciones de quien solicita información. El ciudadano no tiene que justificar por qué quiere conocer datos sobre contratos, presupuestos o decisiones estatales. El simple hecho de ser ciudadano ya le otorga ese derecho.

Asimismo, el artículo 10 señala que la información pública puede encontrarse en documentos escritos, fotografías, grabaciones, archivos digitales y cualquier otro formato que haya sido creado u obtenido por la entidad pública. Esto demuestra que el concepto de información pública es bastante amplio y se adapta a la realidad actual, donde gran parte de la información circula de manera digital.

La ley también establece obligaciones concretas para las instituciones del Estado. Por ejemplo, el artículo 5 dispone que las entidades públicas deben publicar en sus portales de transparencia información relacionada con su organización, presupuesto, remuneraciones, adquisiciones, proyectos y actividades oficiales de sus funcionarios. Esto busca facilitar el acceso a la información sin que el ciudadano tenga que presentar necesariamente una solicitud formal.

En teoría, esto representa un gran avance para la transparencia estatal. Sin embargo, cuando analizamos la realidad peruana, encontramos un problema evidente: muchas veces la ley existe, pero no se cumple adecuadamente.

Esto demuestra que la transparencia no depende únicamente de tener una ley escrita, sino también de la voluntad política y ética de quienes ejercen el poder.

Un punto muy importante dentro de esta ley es el procedimiento para solicitar información pública, regulado en el artículo 11. Allí se establece que la entidad pública debe responder en un plazo máximo de diez días hábiles. Además, si no responde dentro de ese plazo, el ciudadano puede considerar denegado su pedido y presentar una apelación ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Este procedimiento es importante porque busca evitar arbitrariedades y garantizar mecanismos de defensa para el ciudadano. 

Por eso, considero que uno de los mayores desafíos en el Perú no es solamente fortalecer la ley, sino también fortalecer la cultura de transparencia y educación cívica. De nada sirve que existan derechos si la población no sabe cómo ejercerlos o si siente que hacerlo no producirá ningún cambio.

La ley también contempla excepciones al acceso a la información. Los artículos 15, 16 y 17 establecen determinados casos en los cuales la información puede ser clasificada como secreta, reservada o confidencial. Por ejemplo, aquella relacionada con la seguridad nacional, investigaciones policiales, estrategias militares, información bancaria protegida o datos personales cuya difusión afecte la intimidad de las personas.

Estas excepciones son necesarias porque no toda información puede hacerse pública indiscriminadamente. El Estado también tiene la obligación de proteger la seguridad nacional, las investigaciones en curso y los derechos fundamentales de las personas.

La ley también incorpora un régimen sancionador. Los artículos 34 al 37 establecen sanciones para funcionarios que incumplan las obligaciones de transparencia y acceso a la información. Estas sanciones pueden ir desde amonestaciones hasta suspensión, multas e incluso destitución.

Esto demuestra que la transparencia no debe verse como una simple recomendación ética, sino como una obligación jurídica cuyo incumplimiento genera responsabilidad.

Sin embargo, nuevamente debemos preguntarnos: ¿realmente se sanciona a quienes obstaculizan el acceso a la información? Una ley puede ser excelente en el papel, pero si no existen mecanismos efectivos de fiscalización y sanción, pierde gran parte de su eficacia.

Otro aspecto destacable es la incorporación de normas de transparencia en el sistema de justicia, establecidas en el Título VI de la ley. Allí se obliga al Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional y otras entidades a publicar información relevante como hojas de vida, declaraciones de intereses, resoluciones y procesos disciplinarios.

Esto resulta especialmente importante en un país donde la confianza en el sistema judicial ha sido constantemente afectada por escándalos de corrupción y tráfico de influencias. La transparencia dentro de la justicia no solo busca informar, sino también recuperar legitimidad frente a la ciudadanía.

Un ciudadano informado tiene más herramientas para participar políticamente, exigir rendición de cuentas y cuestionar abusos de poder. En cambio, cuando la información se esconde o se dificulta, se genera un ambiente favorable para la corrupción y la manipulación.

Por ello, la transparencia no debería verse únicamente como una obligación estatal, sino también como una responsabilidad colectiva. Los ciudadanos debemos interesarnos más por la gestión pública, aprender a utilizar estos mecanismos y comprender que el acceso a la información no es un privilegio reservado para periodistas o abogados, sino un derecho que pertenece a todos.

La transparencia moderna no consiste únicamente en "publicar documentos", sino en garantizar que la información sea comprensible, accesible y útil para la población.

Finalmente, considero que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública constituye una herramienta fundamental para combatir la corrupción y fortalecer el Estado democrático. No obstante, su verdadera eficacia dependerá siempre de la voluntad de las autoridades para cumplirla y de la capacidad de la ciudadanía para exigir su respeto.

No podemos permitir que la transparencia exista solo en discursos políticos o textos legales. Debe convertirse en una práctica cotidiana dentro de todas las instituciones públicas. Porque cuando el Estado actúa con transparencia, la ciudadanía recupera confianza. Y cuando la ciudadanía recupera confianza, la democracia se fortalece.

Para concluir, quisiera dejar un mensaje final.

"La información pública no pertenece al gobierno de turno, ni a los funcionarios, ni a las instituciones. Le pertenece a la población. Y mientras existan ciudadanos dispuestos a preguntar, investigar y exigir respuestas, existirá también la posibilidad de construir un país más justo, más honesto y más democrático".